HACER REALIDAD UN
DERECHO
La inclusión de la población
con discapacidades en la escuela común está en el corazón de la Revolución
Educativa.
Más de 392.000 colombianos
entre 5 y 18 años presentan algún tipo de discapacidad; de ellos, 270.593
asisten a alguna institución educativa (censo 2005). A pesar de los avances
logrados entre 2002 y 2006 en materia de atención para estas poblaciones, es
necesario mejorar los mecanismos de acceso y permanencia para lograr una oferta
pertinente y de calidad, en igualdad de condiciones con sus pares.
La Ley General de Educación
establece que la educación para personas con limitaciones es parte integrante
del servicio público educativo y, por lo tanto, los establecimientos deben
organizar, directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y
terapéuticas que posibiliten su inclusión educativa y social.
Además, se busca sensibilizar
a la comunidad educativa, especialmente a padres y madres de familia, sobre la
importancia de enviar a sus hijos a la escuela de su comunidad, desde la
primera infancia. El sistema educativo ha avanzado en una oferta pertinente
para estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down,
autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición, limitación visual
por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis cerebral u
otra lesión neuromuscular, y discapacidades múltiples, como ocurre con los
sordo-ciegos, entre otros. De otra parte, se trata de hacer visible en quienes
no presentan estas condiciones y que comparten los espacios de aprendizaje, el
reconocimiento y la valoración de las diferencias, generando conductas de
respeto, solidaridad y amistad.
El Ministerio es consciente de
que el éxito de una política de inclusión educativa requiere que las
instituciones revisen sus procesos de gestión y realicen las transformaciones
necesarias, cuenten con servicios de apoyo, adecuen las prácticas educativas,
actualicen a los docentes, y promuevan en los planes de mejoramiento
estrategias de inclusión y soporte para todos los estudiantes, prestando
especial atención a quienes presentan mayor riesgo de ser excluidos.
Esto significa transitar de un
modelo de integración escolar a otro de educación inclusiva, que dé respuesta a
la diversidad, reconozca y valore al otro; que se ocupe de educarlos con
pertinencia en una institución abierta y flexible; que acoja a todos los
estudiantes, independientemente de sus capacidades, para que niños, niñas y
jóvenes de una comunidad puedan compartir una experiencia educativa común,
permitiéndoles aprender juntos y desarrollar sus competencias básicas,
ciudadanas y laborales.
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